El origen de los fondos políticos

Al presidente de la Argentina le cabe un papel protagónico para impulsar el tratamiento de ciertas cuestiones políticas vinculadas con la salud de la República. Si declina esta responsabilidad habrá perdido una oportunidad histórica.

A nadie se le escapa que las costumbres actuales en relación con el financiamiento de la política son públicamente inconfesables y que la ley 23.298, que lo regula, está desactualizada no sólo en cuanto a los principios de transparencia hoy vigentes en el mundo, sino también, lo que es aún peor, frente al nuevo texto constitucional, que dispone que "los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio" (artículo 38).

Campañas transparentes

Esperar una solución por parte del Congreso de la Nación, que, bueno es recordar, tiene numerosas iniciativas al respecto, sería razonable y lógico; pero, en términos políticos, sería una actitud ingenua. Lamentablemente, nuestros legisladores no han podido completar todavía el esquema legislativo previsto por los constituyentes de 1994, ni siquiera en cuestiones tan acuciantes como la vinculada con la efectiva vigencia del principio de la separación de poderes: no se ha creado la Comisión Bicameral Permanente que debe controlar en forma inmediata los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3).

En ocasión de las últimas elecciones, las del 24 de octubre de 1999, ocurrió un hecho inédito en la política argentina. Los candidatos de la Alianza, el Partido Justicialista y Acción por la República, a instancias de Poder Ciudadano, firmaron un acuerdo para dar transparencia al financiamiento de sus respectivas campañas políticas. Se procuraba, en concreto, que dieran a conocer la identidad de las empresas o de los particulares que habían aportado dinero. Esto fue sólo una ilusión. Sería largo exponer las razones que cada uno dio para no cumplir lo prometido, pero no parece aceptable la excusa basada en el incumplimiento del otro o en alguna asimetría que pudo haberse producido a la hora de materializar el compromiso político asumido.

Pues bien, ahora los políticos deberían persuadir a la ciudadanía de que son diferentes de aquellos a los que criticaron y critican. Y no lograrán ese objetivo si sólo se limitan a transferir la responsabilidad al Congreso. Por eso es menester la inclaudicable prédica presidencial a favor de la transparencia del financiamiento de los partidos, acompañada con una actitud ejemplar persistente.

Acuerdo de partidos

Son tiempos en los que no se puede estar cerca de quienes todavía transitan por los ámbitos de la política ejercitando la hipocresía que se pretende desterrar. Parece ser la hora de que no vuelvan a la escena esos perfumados e inescrupulosos individuos que solían reunirse con los emisarios de la empresas para hablar del facilitamiento de negocios futuros. Empresarios y nuevos políticos desean ya un cambio saludable en las reglas de juego. ¿Habrá que resignarse a la ventaja que tendrán los políticos que lograron acumular fondos? ¿Les llegará a éstos el brazo de la justicia?

Se impone, pues, que el Presidente impulse un acuerdo político con todos los partidos que contenga las bases para una nueva legislación en materia de financiamiento de los partidos políticos inspirada fundamentalmente en la transparencia, una legislación que prevea mecanismos eficaces de control para que la ciudadanía pueda acceder a esta información.

Estas señales indicarán que estamos siendo conducidos a una nueva etapa de la vida democrática argentina. Si no se producen, no será más de lo mismo, pero será algo parecido.

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