Breton, Buda y el Teatro Odeón

Me emocioné una mañana de sol al visitar la casa de Bertolt Brecht en Berlín. Permanecí un largo rato, casi solo, entre sus libros y sus objetos. Con André Breton no será posible, desde ahora, experimentar igual sensación. A pesar de ser un hombre clave en el mundo cultural de la Francia del siglo XX, las autoridades de ese país no han mostrado un gran fervor por conservar el conjunto de sus papeles, manuscritos, objetos y las obras de arte que reunió en su vida, pese a la movilización y reclamo de más de tres mil intelectuales franceses.

La venta por subasta pública decidida por la hija de Breton es una prueba de ello, pues el gobierno francés sólo adquirió algunos de estos bienes. Cuando Bretón nacía, en 1896, en el Teatro Odeón de Buenos Aires se proyectaba, por primera vez, una película cinematográfica en la Argentina. Ese magnífico ámbito de la cultura porteña, por el que pasó buena parte de los grandes actores y cantantes líricos del siglo XX, fue demolido en 1990, pese a estar protegido. La ley 14.800, vigente todavía, obliga al propietario del predio a construir un nuevo teatro, pero hasta el momento no ha habido autoridad capaz de hacerla cumplir.

En el siglo XXI, otro gobierno, el de los talibanes, decidió la absurda destrucción de dos gigantescas estatuas de Buda, de 1800 años de antigüedad, esculpidas en la ladera de una montaña en Bamiyan, Afganistán. Fue el 10 de marzo de 2001.

En cada uno de estos casos, el papel del Estado asume características diversas, pero en los tres está ausente la vocación de preservar ciertos bienes culturales. Hay otros supuestos en los cuales se llega al terreno judicial en la defensa del patrimonio cultural. Es el caso que se presenta en Madrid, donde la asociación de vecinos del barrio de Los Jerónimos se opuso al desmantelamiento del claustro de la iglesia y a las obras de ampliación del Museo del Prado, que están hoy en plena ejecución. La Justicia accedió a detener las obras, pero los vecinos no lograron constituir la garantía necesaria para satisfacer los perjuicios frente a una eventual sentencia adversa. Por eso, las obras siguieron a pesar de que en el caso el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), una prestigiosa organización no gubernamental reconocida por la Unesco y especializada en el tema, formuló severas críticas al plan de las obras por violación a los principios reconocidos internacionalmente para la conservación de monumentos, contenidos en la Carta de Venecia, de 1964.

Todos estos ejemplos muestran que cuando el poder público decide actuar en un sentido, o no actuar, es muy difícil lograr una rectificación del rumbo, aunque su política tenga una fuerte oposición de la opinión pública. Eso hace que muchos bienes culturales corran peligro. Se hace necesario crear nuevos espacios de participación y dotar a quienes se decidan a intervenir en estas cuestiones de las herramientas jurídicas idóneas.

Si en un momento dado hubo quienes tuvieron la conciencia necesaria para crear Greenpeace y con ello contribuir a la preservación del medio ambiente, ya es hora de promover la creación de una organización internacional con el propósito de coordinar los esfuerzos de preservar los grandes frutos de la cultura humana.

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