El abogado de hoy

La abogacía es una vieja profesión cargada de futuro, dice con acierto el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro. Un futuro que debería darse con el desarrollo de un renovado papel de la abogacía ante el insatisfactorio funcionamiento de ciertas instituciones de la democracia actual. El diseño de ese papel está en ciernes y se dirige a la defensa del Estado de Derecho y al fortalecimiento de la sociedad civil. El abogado que lo asuma debe ser intolerante con aquellas manifestaciones del poder producto de conductas cívica, jurídica e institucionalmente reprochables. Tiene que ser un activo impulsor de causas de contenido cívico, actuando tanto en el marco de los colegios profesionales como a título individual: como el ciudadano que también es.

Exigir la buena y transparente gestión de la tarea de administración y gobierno es algo que nos incumbe a todos los ciudadanos, pero son los abogados quienes mejor conocen las herramientas que el ordenamiento jurídico provee o, en todo caso, quienes pueden proponer, cuando fuera necesario y con la colaboración de los juristas, la creación de nuevos instrumentos de control. Creo, sin embargo, que con los instrumentos jurídicos actuales se puede hacer, con cierta dosis de creatividad, mucho más de lo que se hace. No es tiempo de dejar esta labor en manos exclusivas de la prensa, de los políticos o de los organismos de control.

El derecho de peticionar a las autoridades debe ser revitalizado, teniendo en cuenta que los funcionarios tienen el deber de resolver. Si las peticiones no son resueltas, se puede reclamar ante el defensor del pueblo, además de otros remedios legales.

Las posibilidades de actuación son muchas. Vaya una como ejemplo: ¿cómo es posible que el Poder Legislativo no cumpla con la obligación constitucional de crear una comisión bicameral para el control de los decretos de necesidad y urgencia sin que los abogados hagamos nada? Es necesario ir más allá de las declaraciones cuando una cuestión que tiene que ver con la vigencia del principio de separación de poderes, regulada por el poder constituyente de 1994, queda sin resolver.

Es de la mayor importancia destacar que esta manera de obrar no debe ser entendida como hostil al gobierno de turno o en contra de las instituciones, sino que, por el contrario, se trata de una noble contribución al mejor funcionamiento de éstas y al éxito de aquél. El buen gobernante debe desear, siempre y en todos los ámbitos, el riguroso y amplio control de su gestión.

Observo un cambio en la manera de pensar de muchos abogados de la Argentina. Se aprecia un mayor grado de compromiso de éstos con temas que exceden lo meramente corporativo. Con motivo del Día del Abogado, que se celebra cada 29 de agosto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires organizó una serie de debates con políticos, funcionarios y juristas en torno del candente tema de la seguridad jurídica. Bien podía considerarse un lúcido homenaje a Juan Bautista Alberdi, cuyo día de nacimiento es el elegido para el festejo. La súbita ausencia de los oradores del gobierno, por razones de agenda, según se supo, sorprendió ingratamente a quienes habíamos acudido a la cita con gran interés. Es de esperar que ese debate tenga lugar y pronto.

En los últimos tiempos se ha hablado mucho en la Argentina de los Pactos de la Moncloa. Al referirse a los años de la transición española, cuando esos pactos tuvieron lugar, Martí Mingarro (en el discurso de incorporación a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación titulado El abogado en la historia. Un defensor de la razón y de la civilización, Madrid, 2001, pág. 149) habla del intenso compromiso de los abogados españoles con el establecimiento y la consolidación del Estado de Derecho, y alude a la implicancia decidida e inequívoca de éstos en el proceso de transformación de la organización social y de la estructura política del Estado, más allá del mero escenario técnico.

El desafío está planteado para los abogados argentinos y es un buen momento, ante un tiempo histórico en el que es necesario recuperar la confianza en las instituciones de la república.

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