Una buena señal de la Justicia

Pese a los esfuerzos de la prensa, la sociedad civil conoce poco sobre el trámite de las causas vinculadas con la corrupción de los funcionarios públicos. Saber que hay causas que prescriben o investigaciones que no avanzan genera fuerte malestar cívico. Es necesario revertir esta situación.

Un camino para ello es posibilitar, a través de una reglamentación, algún modo de acceso de los ciudadanos a las actuaciones en las que se tramitan las causas de relevancia institucional, sin que con ello se entorpezcan las actuaciones. Ello supone el ejercicio combinado del derecho de peticionar a las autoridades y los derechos a la información pública y a la publicidad de los actos de gobierno.

En este sentido, hace pocos días trascendió una decisión de la Justicia que, no obstante haber pasado inadvertida para el gran público, podría constituirse en un valioso precedente.

Esa decisión tendría que ser tomada como señal de la democratización de la Justicia, en el marco de la necesaria modernización institucional que imponen los tiempos que corren.

En efecto: el juez federal Daniel Eduardo Rafecas -a cargo de la causa en la que se investiga el presunto delito de cohecho en el que habrían incurrido distintos senadores y funcionarios nacionales durante el trámite parlamentario que concluyó en el año 2000 con la aprobación de la llamada ley de reforma laboral- resolvió autorizar a dos organizaciones no gubernamentales a que tomaran vista del expediente respectivo.

El argumento utilizado por el magistrado para expedirse de ese modo tuvo en cuenta, entre otras cosas, el nuevo marco normativo surgido con la reforma constitucional de 1994, y que ambas entidades representan un interés colectivo, lo que las legitima para examinar la causa, con sustento en distintas normas procesales vigentes.

Es una decisión que se opone decididamente a la opinión, muchas veces defendida, de que la publicidad en la tramitación de una causa penal pone en peligro el descubrimiento de la verdad. Supone, además, un fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil y es consecuente con la idea de que el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes -en un sentido amplio, tal como entendemos que debe ser interpretada, esta figura alcanza a los propios jueces- actúen conforme a derecho. Esta participación pública no resulta incompatible, por lo demás, con los consejos de la magistratura que existen en distintos niveles estatales.

Ahora bien, dado el esfuerzo interpretativo de las normas vigentes que tuvo que realizar el juez para admitir la participación de estas entidades -que habían pedido la inconstitucionalidad de ciertas normas que, a su juicio, resultaban un obstáculo para la participación requerida- se hace necesario clarificar el marco jurídico e institucional existente, de modo de facilitar e incentivar la actuación de todos aquellos ciudadanos interesados en la transparencia en el juzgamiento de los delitos contra la administración pública.

Creemos, en tal sentido, que los abogados están llamados a desempeñar un papel activo en esta cruzada. Su vocación y formación se lo imponen. Y los colegios que los agrupan no deberían ser ajenos a esa noble tarea. A modo de ejemplo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene entre sus finalidades, conforme se establece en el artículo 20 de la ley 23.187, contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, haciendo conocer y señalando las deficiencias que se observaran en su funcionamiento. Es importante que los ciudadanos interesados puedan acudir a los colegios de abogados para requerirles a éstos la intervención que sea necesaria para conocer e interiorizarse del trámite de este tipo de causas penales.

Todo esfuerzo que se haga contra la impunidad de quienes defraudaron la confianza pública está siempre justificado por la necesidad de preservar la salud de la República.

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